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Caso LIBRA: crónica de un rug pull con ingrediente presidencial


El 14 de febrero de 2025, a las 19:01 hora argentina, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando un token llamado $LIBRA. El posteo incluía la dirección del contrato inteligente desplegado sobre la blockchain de Solana, el enlace a un sitio web registrado apenas el día anterior, y una presentación del proyecto como un vehículo privado para canalizar inversión hacia pymes y emprendimientos argentinos. El mensaje quedó fijado en su perfil durante cinco horas antes de ser eliminado. En ese intervalo, miles de personas compraron el token, la capitalización de mercado trepó por encima de los USD 4.500 millones, y la cotización se desplomó más del 90 %. Los datos de la firma de análisis on-chain Nansen indican que el 86 % de las billeteras que operaron $LIBRA cerraron en rojo, con pérdidas acumuladas por USD 251 millones. En la otra punta, ocho billeteras ligadas al proyecto extrajeron USD 107 millones.

Cómo se armó la operación

La reconstrucción judicial y periodística del caso expone una maquinaria de varios engranajes. El token fue generado por Kelsier Ventures, una sociedad constituida en Delaware bajo la dirección del empresario estadounidense Hayden Mark Davis, con historial previo en lanzamientos de memecoins vinculados a figuras públicas, incluyendo $MELANIA y $ENRON. Davis había estado en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento, y publicó en X una fotografía junto a Milei. El propio presidente difundió el encuentro en sus redes, presentando a Davis como un referente en blockchain e inteligencia artificial.

El puente entre Davis y Milei fue Mauricio Novelli, un operador financiero argentino vinculado al entorno presidencial desde al menos 2021, que funcionaba como articulador entre actores cripto internacionales y la Casa Rosada. Junto a Manuel Terrones Godoy, Novelli organizó el Argentina Tech Forum en octubre de 2024, celebrado en el Hotel Alvear de Buenos Aires, con participación de figuras de la industria cripto y con Milei como orador de cierre.

La pericia forense sobre los dispositivos de Novelli, incautados por orden judicial en marzo de 2025, arrojó resultados de peso. El trabajo, a cargo de la DATIP (Dirección de Asistencia Tecnológica a la Investigación Penal), abarcó 812 gigabytes de datos, de los cuales se extrajeron 8.669 páginas de comunicaciones y 4.193 archivos. Entre el material apareció un documento sin rúbrica, con fecha del 11 de febrero de 2025 (tres días antes de la publicación del tuit), que hace referencia a un presunto arreglo por USD 5 millones asociado a la difusión del token. Los registros también muestran al menos cinco mensajes y varias llamadas entre Novelli y Milei alrededor de las 19:01 del 14 de febrero, el instante preciso en que el presidente publicó la dirección del contrato.

Los peritos que declararon ante el Congreso confirmaron un dato clave: el código del contrato no era de acceso público en internet al momento de la publicación. Este punto desbarata el argumento presidencial de haberlo encontrado navegando en la web.

Las versiones de Milei y una defensa que pierde sustento

La respuesta inicial del gobierno fue que Milei había actuado como lo hace habitualmente al difundir emprendimientos privados, sin haber participado en la creación ni en la operación del token. KIP Protocol, la empresa presuntamente vinculada al proyecto «Viva La Libertad», se desmarcó públicamente. Milei activó una intervención de la Oficina Anticorrupción (OA), que en junio de 2025 concluyó que la publicación fue un acto de carácter personal y no un ejercicio de la función pública, eximiéndolo de violaciones éticas. En mayo de ese año, el Ejecutivo desarticuló la unidad de investigación que él mismo había creado para analizar el caso, pocos días después de que un magistrado ordenara abrir las cuentas bancarias de Milei y de su hermana Karina.

La evidencia forense acumulada en los meses posteriores fue socavando esa línea defensiva. Los registros telefónicos documentan un intercambio fluido y en ambas direcciones entre Milei, Karina y Novelli en las horas inmediatamente anteriores y posteriores al lanzamiento. En el teléfono de Novelli se encontró un borrador de comunicado público para Milei, con fecha 16 de febrero, que contenía una anotación reveladora en la que el lobista expresaba que ese texto era la única vía para protegerlos a todos. Una investigación reciente de La Nación sumó otra dimensión: Novelli negociaba contratos reservados con empresarios del sector cripto en los que ofrecía proximidad al presidente como servicio exclusivo, con pagos en criptoactivos. Las sucesivas versiones de esos borradores muestran una escalada: las primeras ofrecían contacto indirecto con el entorno gubernamental, las últimas prometían encuentros cara a cara con el presidente.

En diciembre de 2025, Clarín reveló que Davis había firmado un convenio confidencial con el gobierno argentino que lo designaba como asesor ad honorem en temas especializados, formalizado dos semanas antes de que $LIBRA saliera al mercado. Davis, en declaraciones grabadas, reconoció que su equipo ejecutó operaciones de sniping sobre el token al momento del lanzamiento (una forma de front-running que consiste en comprar antes que el público con información privilegiada) y admitió el control de billeteras con más de USD 100 millones originados en la operación. Antes de una audiencia programada en un tribunal de Nueva York, se detectó la transferencia de más de USD 9 millones en tokens desde una billetera identificada con el nombre «Milei» hacia múltiples plataformas.

El intento de involucrar a Hoskinson y Cardano

Uno de los capítulos más recientes del expediente involucra a Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum y creador de Cardano, cuyo nombre apareció en documentación extraída del teléfono de Novelli. Se trata de un borrador contractual sin firmas, fechado el 27 de noviembre de 2024, suscripto entre los autodenominados «Argentina Partners» (Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales) y Kelsier Holdings Limited (la firma de Davis). El texto planteaba cláusulas orientadas a articular al gobierno argentino con la agenda de Cardano, posicionar a Hoskinson como referente en la definición de políticas vinculadas a tecnología web3, y concretar encuentros privados con Milei.

La aparición de ese documento alimentó especulaciones sobre una posible participación de Hoskinson en la trama. El fundador de Cardano las rechazó de plano. En contacto con BeInCrypto, sostuvo que no tiene recuerdo de haber intercambiado comunicaciones con Novelli y que no conserva registro alguno de ese contacto. Un archivo de audio asociado a esa presunta comunicación no pudo ser recuperado por los peritos forenses.

Lo que Hoskinson sí hizo, y de forma pública, fue denunciar al día siguiente del colapso de $LIBRA que durante el Argentina Tech Forum de octubre de 2024 le exigieron un pago a cambio de organizarle un encuentro reservado con Milei. Según testimonios de la comunidad Cardano argentina, el monto solicitado fue de USD 100.000. Hoskinson lo rechazó invocando la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la ley estadounidense que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros. Tras esa negativa, los organizadores interrumpieron toda comunicación con su equipo.

En septiembre de 2025, la comisión investigadora del Congreso argentino incorporó a Hoskinson a una nómina de 19 personas convocadas a prestar testimonio. Al ser consultado, respondió que no tenía conocimiento de la citación. Su posición pública se ha mantenido estable: considera que Milei actuó de buena fe pero fue aprovechado por un círculo de oportunistas, cuestiona las memecoins como instrumentos diseñados para enriquecer a sus emisores, y advierte que el escándalo perjudicó la imagen de blockchain en un país donde la adopción cripto ya era significativa.

El borrador contractual encontrado en el dispositivo de Novelli es un documento unilateral que refleja lo que el lobista pretendía ofrecer a actores del ecosistema cripto: acceso al poder político argentino empaquetado como un servicio comercial exclusivo. No existe evidencia de que Hoskinson haya aceptado, suscripto o abonado nada en relación con ese acuerdo. Su presencia en la trama fue la de un blanco comercial del esquema de Novelli, no la de un partícipe.

Estado actual: causas abiertas, activos congelados y repercusión internacional

A marzo de 2026, el caso tiene múltiples vías judiciales activas. La causa penal en Argentina, conducida por el fiscal federal Eduardo Taiano, continúa incorporando material forense con frecuencia casi semanal. Los bienes de Novelli fueron embargados, al igual que los de su madre y su hermana, quienes fueron filmadas por las fuerzas de seguridad retirando contenido de cajas de seguridad bancarias poco después de un operativo de allanamiento. La justicia argentina también ordenó el congelamiento de activos de Davis, Rodríguez Blanco y Mellino, identificados como titulares de billeteras digitales con saldos estimados entre USD 100 y USD 120 millones.

En Estados Unidos, una acción colectiva avanza contra Davis y otros implicados. La demanda abarca 15 tokens lanzados por redes conectadas a Davis, incluido $MELANIA, y los presenta como parte de un mecanismo sistemático en el que la notoriedad pública de figuras políticas fue explotada para neutralizar la cautela de los inversores.

En el terreno político argentino, se contabilizaron 112 denuncias penales en las primeras 48 horas posteriores al estallido. Las iniciativas de juicio político impulsadas por la oposición no alcanzaron los votos necesarios, pero el costo en términos de imagen fue tangible. Los índices de confianza en la gestión Milei acusaron el impacto en los meses siguientes. La causa judicial, lejos de perder impulso, se retroalimenta con cada nueva extracción de datos de los dispositivos confiscados.



Por Sistemas, el 28/03/2026.

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