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El plan anti-piratería del gobierno español o cómo no se debe solucionar este problema


El plan anti-piratería del gobierno español o cómo no se debe solucionar este problema

Autor: Andy Ramos Gil de la Haza

Abogado especializado en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Asimismo es Webmaster de http://www.interiuris.com. Para contactar con él, andy.ramos@terra.es

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El pasado 8 de Abril de 2005, la Ministra de Cultura de España presentó, tras varios meses de profundo análisis del sector, un plan que pretende en cierta medida disminuir los elevados índices de “piratería” de productos audiovisuales. El Ministerio que preside Carmen Calvo presionado por la industria cinematográfica pero sobretodo por la musical por un lado y por las Sociedades de Gestión de Derechos por otro, ha propuesto una serie de medidas tendentes a la protección de los derechos de propiedad intelectual que se han visto gravemente perjudicados por la irrupción de las Nuevas Tecnologías.

Los medios a través de los cuales la sociedad española accede a la cultura (principalmente música y cine) han variado en los últimos años debido, en gran medida, a la introducción de Internet y la Banda Ancha en los hogares españoles. El acceso a la Red unido a programas de intercambio de archivos (peer-to-peer) ha provocado que los españoles accedan a la cultura, casi mayoritariamente a través de redes de intercambio como Emule o Edonkey, hecho que ha provocado numerosas quejas desde el sector audiovisual al ver disminuidos sus ingresos en los últimos años. Tal es la situación que la “International Intellectual Property Alliance” ha incluido a España junto a Camboya, Croacia, Laos, Macedonia, Burma o Vietnam en la “lista negra” de países cuyo índice de piratería se ha disparado de forma alarmante.

Ante este panorama, se veía necesaria una intervención por parte del Estado para tratar de controlar un fenómeno que desde muchos sectores se califica como imposible de frenar. El Plan elaborado por el Ministerio de Cultura, con el grandilocuente nombre de “Plan Integral del Gobierno para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradotas de la Propiedad Intelectual” es el reflejo de un Gobierno lleno de buenas intenciones pero sin soluciones reales y factibles capaces de afrontar el problema.

El Plan acertadamente distingue entre las dos formas de piratería que se dan es España; por un lado el denominado “Top Manta”, organizado por mafias que se encargan de duplicar CD’s y DVD’s para su posterior venta en las calles, y por otro las mencionadas redes de intercambio de archivos en las que los usuarios “comparten” sus archivos de música o video con otros usuarios, y ello lógicamente sin remunerar a los titulares de los derechos de autor por la distribución de su obra. El resto del Plan son básicamente una serie de medidas con buenos propósitos pero claramente inalcanzables.

El programa está dividido en 5 bloques de medidas y con 4 acciones de carácter urgente; dichas acciones inminentes son

1. La especialización de los miembros del Ministerio Fiscal, de Peritos Judiciales y de la Policía Judicial para agilizar los juicios rápidos relacionados con estos delitos

2. La creación de un grupo policial específico que se encargue de perseguir los actos vulneradores de la propiedad intelectual de los autores.

3. La creación de un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el de Cultura junto con entidades de gestión de derechos y la industria tecnológica y de las comunicaciones. La finalidad del mismo es la de retirar los contenidos ilícitos que circulan por la Red así como determinar la identidad de los infractores.

4. La firma de un Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la elaboración de un “mapa de la piratería” en España.

Estas cuatro medidas tienen un doble nexo, por un lado formar y especializar a sus organismos de seguridad y por otro, coordinar las labores de los diferentes organismos, administrativos y judiciales así como locales y nacionales. Especializar a policías, fiscales, jueces y otros miembros de la administración del Estado es fundamental para poder, al menos, intentar frenar las pérdidas de un sector que es un pilar importante de nuestra economía, pero de poco sirve formar a estos organismos del Estado si tienen que luchar con unas leyes obsoletas y contra una tecnología que, en la práctica, es imposible de detener. Estas cuatro medidas urgentes, si se llevan por el cauce adecuado, podrían controlar en gran medida la venta callejera de música y películas, porque de hecho, los ayuntamientos que se han propuesto erradicar el fenómeno del “top manta” lo han conseguido, ya que en buena forma este problema se aprovecha de la pasividad y desidia de los gobernantes.

Muy diferentes son las aplicaciones P2P en las que a través de una red descentralizada, los usuarios de Internet pueden descargarse todo tipo de material protegido por derechos de autor. Estas redes se han creado con los precedentes de anteriores redes como Napster o Aimster que fueron, en EE.UU., judicialmente cerradas por declararlas culpables de las descargas que sus usuarios se hacían a través de ellas; en la actualidad y con dicha experiencia, redes como Grokster, BitTorrent, Emule o Edonkey se han configurado de tal forma que al cerrar un servidor, no se derrumbe el sistema por completo. El objetivo del Plan es “erradicar o, al menos, contribuir a la erradicación de este fenómeno”, finalidad cuanto menos ambiciosa y también irreal, puesto que aunque la arquitectura de dichas redes es diferente, todas comparten la descentralización de la que carecía Napster, lo que les hace casi infalibles.

Además de estas medidas, el Plan del Gobierno se va a centrar en cinco bloques con un plazo de actuación de medio a largo plazo:

1. Medias de Cooperación y de Colaboración: en esta sección, el Ministerio pretende sentar en la misma mesa al sector público y privado (entidades de gestión de derechos, organizaciones anti-piratería, Consejo de Consumidores y Usuarios y la industria tecnológica) mediante la creación de una Comisión que haga un seguimiento del cumplimiento de estas medidas. Su constitución será en un plazo de 3 meses.

2. Medidas Preventivas: el Ministerio quiere también analizar el fenómeno de la piratería, fundamentalmente qué se infringe, quién consume piratería y por qué se acude a la Red o al “top manta” en vez de a los canales tradicionales de distribución.

3. Medidas de Sensibilización: mediante esta medida, el Gobierno quiere llevar el mensaje a la sociedad de que “la propiedad intelectual tiene como destinatario inmediato al creador, de tal suerte que la propiedad intelectual es un conjunto de normas que pretenden garantizar una compensación a las personas cuyo trabajo es el de la creación o el de su difusión y que tales normas son un instrumento de primer orden para el normal desarrollo del patrimonio cultural de la sociedad”. En definitiva, pretende que la propiedad intelectual recupere el “valor” que tradicionalmente ha tenido en la sociedad.

4. Medidas Normativas: en este punto, el Ministerio estima únicamente necesario la incorporación de la Directiva de la Unión Europea 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, considerando necesaria la legislación actual que en esta materia existe en España.

5. Medidas Formativas: y finalmente, y siguiendo el hilo de las medias urgentes arriba citadas, formar a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y otros órganos judiciales para que aporten soluciones que ayuden a frenar este fenómeno.

Es difícil imaginar cómo pretenden desde el Ministerio solventar el problema de la piratería con esta serie de medidas que no satisfacen a nadie, ni a los infringidos, por su falta de realismo, ni a los infractores, por no contar con ellos para proponer soluciones al mismo.

Una de las principales objeciones que a este Plan se hace desde las principales organizaciones de usuarios de Internet es que el Gobierno se olvida de ellos, que no ha contado con el consumidor que al fin y al cabo es al que van dirigidos este conjunto de medidas; el Gobierno ha preferido oír solamente a una parte del conflicto aunque sí ha admitido en dicho Comité al Consejo de Consumidores y Usuarios que representa sólo parcialmente los intereses de los usuarios. Se pone en evidencia que mientras que hace unos años nuestro particular “deporte nacional” era protestar y manifestarse por las causas más absurdas; en la actualidad es constituir Comités y Comisiones para discutir asuntos que nunca se tratarán y para estudiar problemas que nunca se resolverán. Veremos cómo se desarrolla esta Comisión Intersectorial en los próximos meses..

El resto de medidas tampoco se pueden calificar de “sorprendentes” ya que el Gobierno, en vez de concentrarse en atajar de una vez por todas este problema, ha preferido malgastar sus recursos en resolver cuestiones que ya desde hace tiempo están estudiadas. Es socialmente sabido quién es el consumidor de productor ilegales, cuál es su pauta de comportamiento, cómo obtiene los productos ilegales y por qué acude a esta vía en vez de a los canales tradicionales. El Ejecutivo parece no tenerlo demasiado claro ya que ha preferido comenzar desde cero, con el consiguiente gasto de recursos económicos y humanos, cuando podrían haber acudido a alguno de los múltiples estudios que ya se han realizado en este tema, como el anteriormente citado del “International Intellectual Property Alliance”.

Otro medio de solucionar el problema es a través de campañas de sensibilización social tendente a que la sociedad española se dé cuenta del valor que tiene la “creación” y por ello la necesidad de recompensar no sólo al artista, sino también a los que ayudan a difundir la obra que él realiza. Si el Ministerio de Cultura continúa el estilo de anteriores campañas concienciatorias, que se limitaba a anuncios por televisión y pósteres y folletos repartidos por centros educativos y culturales, dudo mucho que se produzca un cambio de mentalidad en una sociedad que, a diferencia de otros países, viene recientemente considerando su derecho a acceder a la cultura gratuita e ilimitadamente, estimando que los autores deben, en este punto, buscar fuentes alternativas de ingresos. Campañas de concienciación en colegios y polideportivos poco van a ayudar a cambiar la conciencia de la comunidad internauta española muy diferente a la de otros países y que por ello necesita de medidas más a la medida de sus características.

En cuanto a las medidas normativas, la decisión del Ministerio de considerar adecuada la regulación española en este punto sí es, sin lugar a dudas, desacertada principalmente porque nuestra Ley de la Propiedad Intelectual data de 1996 y en la que no se refleja el impacto que Internet ha supuesto en los Derechos de Autor. El Ministerio en vez de acudir al Derecho Comparado de países como, por ejemplo, Estados Unidos donde las leyes sobre “Derechos de Autor” están más desarrolladas y son más equitativas tanto para los intereses de los autores como de los consumidores, ha preferido plantarse en las leyes actuales e intentar operar a través de ellas, dejando para más adelante la necesitada modificación de nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Sea como fuere, ya se están discutiendo reformas a dicha ley y como suele ser habitual no contentan ni a una ni a otra parte, evidenciando, una vez más, la absoluta ignorancia del Ejecutivo en este asunto.

Es por todo ello por lo que creo que este Plan difícilmente va a conseguir acabar con el fenómeno de la piratería, ni en el ámbito industrial ni en el doméstico ya que se ha planteado desde el enfoque equivocado. El Gobierno, en vez de ofrecer alternativas viables y beneficiosas para las dos partes del conflicto y, de este modo, obligar a ambas a sentarse a dialogar para encontrar una solución que les satisfaga completamente, ha preferido optar por una serie de actuaciones absurdas y que, sin lugar a dudas, no solucionarán el problema ni a corto ni a medio plazo.



Por Sistemas el mes de abril del 2005

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